GEBTA impugna el megacontrato de 604,8 millones de euros para gestionar los viajes del Estado, solicitando la suspensión del procedimiento y la anulación de los pliegos al considerar que contienen numerosas infracciones.
Irregularidades en la estructura del pliego
La asociación ha presentado el recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Según ella, las irregularidades identificadas comprometen la viabilidad del contrato y hacen imposible que las agencias de viajes cumplan con las condiciones planteadas.
El recurso se centra en tres grandes bloques de problemas: económicos, operativos y relacionados con otras normas que afectan a la actividad de las agencias.
En el apartado económico, GEBTA cuestiona que no exista una justificación suficiente de la estructura de costes. El grupo denuncia la obligación de aplicar descuentos lineales sobre tarifas aéreas y la exigencia de determinadas mejoras en los seguros de viaje sin coste adicional. A su juicio, estas condiciones pueden obligar a las empresas a presentar ofertas por debajo de sus costes o sin margen comercial, algo que considera contrario a la Ley de Contratos del Sector Público.
El segundo frente afecta a varias prestaciones incluidas en el pliego técnico que, según ella, las agencias no pueden garantizar en las condiciones exigidas debido al funcionamiento del mercado de transporte. También afirma que algunas obligaciones exceden las funciones propias de un intermediario turístico y recuerda que su incumplimiento lleva aparejadas penalizaciones. A ello suman posibles vulneraciones de la normativa de protección de datos, seguros y del reglamento de IATA.
El nuevo contrato frente al anterior
El recurso vuelve a poner sobre la mesa las discrepancias entre GEBTA y la Administración en torno a estos contratos. La entidad ya impugnó en 2025 el anterior acuerdo marco al considerar que las condiciones no se ajustaban a la normativa y hacían inviable la prestación del servicio.
Sin embargo, aquel procedimiento acabó sin ofertas y fue declarado desierto, por lo que el tribunal no llegó a pronunciarse sobre las cuestiones planteadas. Ahora, apenas dos semanas después de que Hacienda sacara adelante el nuevo megacontrato, vuelve a abrirse el frente judicial.
El expediente contempla la gestión de viajes de los ministerios y organismos públicos durante 18 meses y eleva en un 77,7 % el valor respecto al contrato centralizado adjudicado en 2022, que estaba cifrado en 340,3 millones. Esto sugiere que la Administración ha optado por una escala de operaciones muy diferente a la que intentó en el año anterior, lo que quizás explica la decisión de abordar el concurso con un alcance más amplio desde el principio.
El caso sigue abierto.